El Consejo de Estado denuncia un fraude masivo en el reciclaje de los electrodomésticos por parte de los fabricantes. Según la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, estos se apropian de más de 200 millones al año de las ayudas destinadas a tal fin y solo dedican a reciclar aparatos viejos un 21% de lo que cobran por ello.
La ley determina que los fabricantes son responsables del correcto reciclaje de los electrodomésticos (quien contamina paga). Pero la realidad es que, desde entonces, dos terceras partes de los residuos han acabado en chatarreros ilegales y en plantas no adecuadas para el proceso de reciclaje. Para garantizar un adecuado tratamiento de estos residuos, es necesario que la empresa de reciclaje tenga los permisos requeridos por las diferentes administraciones, como Recuperaciones Carrillo, Gestor de Residuos Autorizado con el Nº 370.97.
Basta un dato: las grandes marcas solo han destinado al reciclaje de residuos 65 de los 300 millones que han cobrado cada ejercicio, un exiguo 21%. Los fabricantes admiten que solo se recicla correctamente un tercio de los aparatos usados.
En 2013 la Organización de Consumidores (OCU) escondió GPS en 16 aparatos depositados en los puntos limpios para localizarlos en su periplo antes de ser desguazados. La conclusión fue demoledora y solo cuatro finalizaron en las plantas autorizadas. El resto, acabó en vertederos o almacenes ilegales.
Las consecuencias: las cunetas y vertederos del país están plagados de residuos electrónicos. Como resultado, España figura a la cola de Europa con la menor cuota de recogida de residuos electrónicos, 3,3 kilos por habitante y es el antepenúltimo gran país de Europa en reciclaje, solo por delante de Rumanía y Grecia.
Para dar un vuelco a este escenario, y tras las presiones de Bruselas, el Gobierno acaba de publicar un nuevo Real Decreto que pretende lograr una “total transparencia” de las finanzas de los productores y evitar que “los productores falseen sus costes de gestión al informar a los consumidores”.
El nuevo escenario para hacer desaparecer ese circuito alternativo ilegal se retrasará aún unos meses. Se pretende que cada electrodoméstico tenga un número de registro para evitar que la cadena de custodia se rompa antes de que sus componentes sean separados al final de su vida.